El Gobierno presenta la segunda parte de la
reforma financiera para recuperar la confianza y el crédito
Los bancos deberán poner 30.000 millones de euros más para
respaldar sus préstamos inmobiliarios no problemáticos.
· Se trata de una medida de previsión para evitar los riesgos que
conllevaría que estos activos se convirtiesen en problemáticos.
· Este esfuerzo adicional se hará con cargo a los resultados de
las entidades.
Si en una situación extraordinaria las entidades sufren carencia
de capital, recibirán un préstamo que deberán devolver con intereses.
· Esta ayuda se prestará a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), que está compuesto por fondos públicos y fondos
privados de la propia banca.
· El anterior Gobierno socialista ya inyectó cerca de 20.000
millones de euros a través de este mecanismo.
· Esta ayuda no tendrá efectos para los contribuyentes porque las
entidades deberán reembolsarla con un interés superior al 10%.
Las entidades deberán crear sociedades externas que gestionen
sus bienes inmuebles y los saquen a la venta a un precio real de mercado.
· Esta medida, obligatoria para todos los bancos, contribuirá a
que los ciudadanos tengan acceso a viviendas a un precio más razonable.
De forma complementaria a estas medidas, el Gobierno nombrará
dos expertos independientes que evaluarán los balances de los bancos.
· Esta evaluación independiente disipará dudas sobre la solvencia
de los bancos y les dotará de máxima transparencia.
Soraya Sáenz de Santamaría: “La nueva reforma permitirá recuperar la concesión fluida de créditos y facilitar la venta de viviendas a precios razonables”
Los ciudadanos podrán tener acceso a viviendas
más baratas y a más ofertas de alquiler
Economía y Fomento suman esfuerzos para dinamizar el mercado
inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a los que más lo necesitan.
· A las medidas contempladas en la reforma financiera, se suma la
modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para flexibilizar el mercado
de alquiler, actualmente muy débil.
· Los objetivos son facilitar el acceso a la vivienda,
especialmente, a jóvenes y ciudadanos con menos recursos, e incorporar al
mercado más viviendas con estímulos que beneficien a todos los ciudadanos.
El Gobierno incrementa la seguridad jurídica de todos,
arrendados y arrendatarios, priorizando la voluntad entre las partes.
· Se facilitará que sean las partes las pacten temas relativos a
la actualización de la renta de alquiler o la duración de los contratos de
alquiler.
· Se agilizarán y simplificarán los procesos de desahucios para
que se ejecuten en el menor tiempo posible.
· Se rebajará en un 50% los impuestos
de transmisión de muebles inmuebles.
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